Las reglas de juego no son un juego

Constanza Hube

La primera regla en un Estado de derecho es que tanto gobernantes como gobernados estén sujetos a las mismas normas. Desafortunadamente, este principio no ha sido respetado por parte de algunos parlamentarios que han propuesto proyectos de ley e indicaciones (modificaciones) abiertamente inconstitucionales.

Como es sabido, durante la tramitación de proyectos de ley en el Congreso, los parlamentarios tienen la facultad de presentar indicaciones que consideren pertinentes a las distintas iniciativas. Esta atribución permite que puedan complementar y perfeccionar los proyectos de ley que se discuten, enmendando, eliminando o agregando disposiciones. Sin embargo, no pueden ser admitidas −y así lo establecen expresamente los reglamentos de la Cámara y el Senado− indicaciones contrarias a la Constitución, ni que importen nuevos gastos a los fondos del Estado, ni que afecten materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República.

No respetar la normativa vigente nos lleva a que, a través de las mayorías políticas circunstanciales, se están presentando proyectos o aprobando indicaciones inconstitucionales. Ejemplos paradigmáticos y recientes de estas prácticas han sido las aprobaciones de la admisibilidad de la indicación que buscaba aumentar en un 50% la pensión básica solidaria y la que aumentó el ingreso mínimo garantizado. Pero, lamentablemente, no son los únicos casos y solamente durante este año es posible identificar más de 20 iniciativas en las cuales: se han incorporado indicaciones que derechamente implican un mayor gasto fiscal; se establecen nuevas funciones o atribuciones para organismos públicos; o bien, se ha pedido votación separada de ciertas normas, de manera que al eliminarlas se genera un aumento del gasto, lo que es igualmente inconstitucional.

Cabe recordar que los parlamentarios al incorporarse al Congreso juran o prometen guardar la Constitución, sujetando el ejercicio de su cargo a las reglas del juego vigentes, como es razonable en cualquier Estado de derecho. En este punto también es importante recordar la denominada “regla de oro del derecho público chileno” y que consiste en que ninguna persona puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le han conferido por la Constitución o las leyes.

Si los propios parlamentarios no respetan las reglas del juego que tenemos, ¿qué nos queda? En un escenario de discusión de un proceso constituyente cobra más relevancia que nunca resguardar el control preventivo que realiza el Tribunal Constitucional, que precisamente existe para evitar que mayorías del momento se excedan en sus atribuciones y para resguardar los derechos y libertades de las personas. Antes de cambiar las reglas del juego, parece necesario, respetar primero las reglas que tenemos.